El gobierno decidió cerrar a partir de este domingo los registros para nuevas exportaciones de aceite y harina de soja “hasta nuevo aviso”. Fuentes del sector privado afirman que es el paso previo a la implementación de una suba de los derechos de exportación para el complejo industrial de la oleaginosa, medida que la administración de Alberto Fernández viene evaluando a raíz del aumento que registró la cotización internacional de este cultivo en las últimas semanas.

“Habiendo recibido las correspondientes instrucciones del señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, está Subsecretaría de Mercados Agropecuarios pone en conocimiento del sector exportador de los productos agrícolas comprendidos en el régimen creado por la ley 21.453 que a partir de la fecha de la presente y hasta nuevo aviso el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior que involucre la exportación de las siguientes posiciones arancelarias quedará suspendido a todos sus efectos”, dice el comunicado oficial, firmado por el subsecretario Javier Preciado Patiño, que luego reseña las posiciones arancelarias correspondientes a la harina de soja, el aceite de soja y otros subproductos.

En la actualidad existe un diferencial de derechos de exportación entre el poroto de soja, que paga 33 por ciento, y sus subproductos, como la harina y el aceite, que pagan 31 por ciento. Esa diferencia se explicó en su momento por la intención de alentar la exportación de productos con mayor valor agregado. Sin embargo, en la industria venían especulando con la posibilidad de que el gobierno elimine esa brecha.

A diferencia del trigo y el maíz, el impacto que genera la suba del precio de la soja en los precios internos es mucho menor porque la oleaginosa prácticamente no se consume en el mercado local, aunque se la suele utilizar como alimentación animal. Esto llevó a algunos especialistas a especular en los últimos días con que está suba puntual no tendría como objetivo desacoplar los precios internacionales de los locales sino incrementar la recaudación, aprovechando el incremento que registró la cotización internacional del cultivo en las últimas semanas cuando a raíz de la guerra en Ucrania la tonelada se disparó por encima de los 600 dólares alcanzando su mayor valor desde 2012.

Si se concreta la suba de 2 puntos en los subproductos de la soja, el gobierno podría incrementar la recaudación en unos 400 millones de dólares adicionales elevando la cifra total por retenciones de esos productos a unos 6800 millones de dólares anuales, pues se aplicaría justo en el comienzo de la cosecha. El poroto de soja, en cambio, seguirá pagando un 33 por ciento. De hecho, su exportación no está cerrada.

La decisión de cerrar el registro es prácticamente una confirmación de que las retenciones de esos productos subirán y tiene como objetivo evitar que los exportadores se apresuren a registrar sus ventas al exterior para congelar de ese modo el derecho de exportación vigente.

Si finalmente se confirma la suba, el ministro de Agricultura Julián Domínguez quedará en un lugar incómodo ya que en una conferencia de prensa ofrecida el 3 de marzo había negado una suba de retenciones. “Este ministerio quiere que se exporte más y este ministro quiere llegar al millón de toneladas y los temas agropecuarios desde que asumí, los decide este ministro y el Presidente, por eso no va a haber cierre de exportación ni aumento de retenciones. Esta es la visión y la tarea que me delegó el Presidente de la República”, aseguró entonces.

Apenas se conoció el cierre del registro, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) dio por hecho a través de su cuenta de Twitter que la decisión del gobierno es subir dos puntos las retenciones al complejo industrial y adelantó su rechazo: “Es totalmente contrario al interés exportador de la Argentina. Además de ser ilegal, va a afectar el ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial”, aseguró la entidad. Además, CIARA adelantó que la medida “pone fin a los fideicomisos de maíz, trigo y aceite, puesto que cambia las condiciones de comercio exterior